El Gobierno pone en marcha medidas
más duras contra el despilfarro y el fraude
más duras contra el despilfarro y el fraude
El objetivo del Gobierno es un cambio de mentalidad hacia la tolerancia cero al fraude y una gestión de los recursos públicos más transparente. Con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y la modificación del Código Penal, se exigirá una mayor publicidad de la gestión de los recursos públicos y se reforzarán las penas a los cargos públicos que despilfarren. Con el plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral se incrementarán los instrumentos para perseguir la economía sumergida que lacra la economía de nuestro país.
Los gestores públicos que falseen cuentas serán sancionados con pena de cárcel y no podrán concurrir a ninguna cita electoral. La pena de cárcel oscilará entre uno y cuatro años en función de la gravedad de la falta y el perjuicio económico que suponga. Además, como ya estaba contemplado, se someterán a una inhabilitación de su cargo de 3 a 10 años.
Se amplía la exigencia de transparencia a órganos constitucionales y sociedades mercantiles que tengan un 50% de participación pública. También se amplían los supuestos de publicidad en el ámbito de los convenios, las retribuciones e incompatibilidades.
Se agilizarán los procesos para perseguir el fraude fiscal y se incrementarán la pena de cárcel a seis años, en los casos más graves. Agilizando los procesos y ampliando el tiempo de cobro se trata de evitar el alzamiento de bienes.
Se endurecerán las penas contra el empleo irregular. Se reduce la cifra mínima para perseguir el fraude a la Seguridad Social a 50.000 euros y aumentarán las sanciones al fraude en subcontratas y subvenciones.
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